Procurador para Desahucios en Alicante | Lanzamientos y Recuperación de la Posesión

El juicio verbal de desahucio es el cauce procesal habitual para recuperar un inmueble arrendado cuando el inquilino incumple sus obligaciones. La elección de la modalidad concreta condiciona los plazos, las posibilidades de enervación y la fecha del lanzamiento, por lo que un asesoramiento procesal preciso desde el primer momento es decisivo.

El despacho asume la procura en todas las modalidades de desahucio competencia de los Juzgados de Primera Instancia de Alicante:

• Desahucio por falta de pago de la renta y de las cantidades asimiladas (LAU, art. 27.2), con acumulación de la reclamación de las rentas vencidas.
• Desahucio por expiración del plazo contractual o de la prórroga legal, incluyendo arrendamientos de vivienda y de uso distinto.
• Desahucio por precario frente a ocupantes sin título, incluida la modalidad acelerada para personas físicas propietarias (art. 250.1.4.º LEC).
• Recuperación inmediata de la posesión del art. 41 LH cuando exista inscripción registral a favor del demandante.
• Procedimientos de desahucio en locales de negocio y arrendamientos para uso distinto del de vivienda.

Una vez presentada la demanda en el Decanato de los Juzgados de Alicante, el Juzgado de Primera Instancia que resulte competente dicta decreto de admisión y requiere de pago al arrendatario, otorgándole un plazo de diez días para pagar, enervar la acción —si procede—, oponerse o desalojar voluntariamente la vivienda.

En esa misma resolución se fija ya, con carácter subsidiario, la fecha del juicio verbal y la del lanzamiento. Por ello el control de plazos es crítico: una sola notificación LexNET ignorada puede suponer la pérdida de un señalamiento que tarda meses en obtenerse.

Como procurador acreditado en la sede judicial de Benalúa, descargo las notificaciones cada jornada, traslado de inmediato al letrado director cualquier resolución y verifico que los señalamientos del lanzamiento se mantengan o se adelanten cuando el procedimiento lo permita.

El lanzamiento es el acto procesal por el que la Comisión Judicial accede al inmueble y entrega la posesión efectiva al arrendador. Es la fase más sensible del procedimiento, porque cualquier defecto formal puede provocar su suspensión y un retraso adicional de varios meses.

El despacho coordina con antelación todas las gestiones imprescindibles: solicitud de auxilio policial cuando es previsible la resistencia, intervención de cerrajero, presencia del propietario o persona autorizada en la diligencia, inventario de los bienes que permanezcan en la vivienda y, en su caso, depósito judicial.

Si el lanzamiento se suspende por circunstancias del demandado —vulnerabilidad acreditada, suspensiones temporales legalmente previstas, etc.—, se solicita inmediatamente nuevo señalamiento y se interesan las medidas oportunas para evitar que la suspensión se reitere.

Los plazos de un desahucio en Alicante dependen del Juzgado concreto, la modalidad procesal y la conducta del demandado. La media habitual oscila entre cuatro y nueve meses desde la presentación de la demanda hasta el lanzamiento efectivo cuando no hay oposición y la notificación al inquilino es ágil.

Cuando existe oposición, la celebración del juicio verbal añade típicamente entre dos y cuatro meses adicionales. Una procura diligente acorta significativamente estos tiempos: presentación inmediata de escritos, evitar suspensiones por incidencias notificadoras y solicitar el adelantamiento de señalamientos cuando hay huecos en agenda judicial.

La proximidad física a los Juzgados de Benalúa permite resolver en el día incidencias que de otra forma generarían semanas de demora: aclarar con la oficina judicial el alcance de un requerimiento, retirar mandamientos al Registro de la Propiedad, presentar escritos urgentes de adelantamiento de lanzamiento o solicitar copias certificadas.

Para despachos de abogados situados fuera de la provincia de Alicante, esta colaboración se traduce en un servicio integral: el letrado dirige el procedimiento desde su oficina y el procurador local garantiza la presencia física y la gestión telemática inmediata ante el Juzgado de Alicante.

Los derechos arancelarios del procurador en un juicio verbal de desahucio se rigen por el arancel vigente y se calculan en función de la cuantía del procedimiento. Antes de aceptar el encargo, el despacho facilita un presupuesto cerrado por escrito, detallando provisiones de fondos, posibles suplidos (tasas judiciales, exhortos, auxilio policial, cerrajero) y forma de pago.

En caso de condena en costas favorable al propietario, las cantidades efectivamente recuperadas del inquilino se imputan a las provisiones realizadas, devolviendo el sobrante al cliente.