Procurador para Subastas Judiciales en Alicante | Portal de Subastas del BOE

Desde la reforma operada por la Ley 19/2015, las subastas judiciales en España se celebran de forma electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. El sistema sustituyó al modelo presencial y unifica las pujas en una plataforma única para todos los Juzgados del territorio nacional, incluidos los de Alicante.

El procedimiento se compone de fases sucesivas: anuncio en el BOE, apertura de la puja electrónica durante veinte días naturales, certificación del resultado por el Letrado de la Administración de Justicia, aprobación del remate o adjudicación al acreedor y, finalmente, otorgamiento de escritura o testimonio del decreto y entrega de la posesión.

Las subastas de bienes inmuebles —viviendas, locales, naves, suelos urbanos y rústicos— son las más frecuentes en los Juzgados de Primera Instancia y Mercantiles de Alicante, normalmente como fase ejecutiva de procedimientos hipotecarios, ejecuciones de títulos no judiciales y ejecuciones derivadas de sentencias civiles o mercantiles.

Como procurador, impulso todas las actuaciones necesarias para llegar a subasta y obtener un resultado satisfactorio para el acreedor:

• Solicitud de avalúo y certificación de cargas al Registro de la Propiedad correspondiente.
• Petición de despacho de subasta y publicación del edicto en el Portal de Subastas del BOE.
• Comunicaciones a acreedores posteriores, ocupantes y arrendatarios conforme al artículo 661 LEC.
• Vigilancia del periodo de puja, control de los depósitos del 5% y de la mejor postura.
• Aprobación del remate o adjudicación al ejecutante por el 70% (o porcentaje que proceda) y testimonio del decreto.
• Mandamientos de cancelación de cargas y solicitud de la posesión judicial cuando el inmueble esté ocupado.

Para inversores particulares y profesionales que desean adquirir inmuebles a través de subasta judicial en Alicante, el procurador es la figura imprescindible para evitar errores que pueden suponer la pérdida del depósito o la adjudicación de un activo con cargas imprevistas.

El despacho ofrece a postores un servicio específico que incluye:

• Estudio de la edicto y de la certificación de dominio y cargas del Registro de la Propiedad.
• Revisión de la situación posesoria del inmueble: ocupantes, arrendatarios, deudas con la comunidad e IBI.
• Constitución del depósito del 5% mediante consignación electrónica y participación efectiva en la puja.
• Pago del resto del precio, retirada del testimonio del decreto de adjudicación e inscripción registral.
• Lanzamiento del ocupante cuando proceda, mediante solicitud de la posesión y diligencia del Juzgado.

Aunque las subastas de inmuebles son las más visibles, en los Juzgados de Alicante también se subastan habitualmente vehículos, maquinaria industrial, mobiliario, créditos litigiosos, derechos de traspaso y participaciones de sociedades mercantiles. Cada tipología tiene particularidades procesales propias: necesidad de depositario, valoración pericial, comunicaciones a la sociedad emisora, etc.

Coordinar correctamente la fase de embargo, la valoración, el anuncio y la subasta es la única manera de obtener un resultado eficaz, evitando que el bien quede desierto y reabrir un nuevo periodo de espera de meses.

El cierre de una subasta no significa que el adjudicatario sea ya propietario pleno. Es necesario completar varias actuaciones procesales y registrales: aprobación judicial del remate, pago del precio, expedición del testimonio del decreto de adjudicación, mandamiento de cancelación de cargas anteriores, presentación en el Registro de la Propiedad y, finalmente, solicitud de la posesión.

El procurador local de Alicante tramita cada uno de estos hitos sin demora: la diferencia entre una subasta gestionada que actúa directamente en Benalúa y una gestionada a distancia se mide en meses y, a veces, en la propia viabilidad económica de la operación.

El procedimiento de subasta es intensamente formal y absolutamente dependiente de plazos. Un escrito presentado fuera de plazo, una comunicación a un acreedor preferente omitida o un mandamiento de cancelación mal redactado pueden invalidar la adjudicación, suspender la inscripción o reabrir el procedimiento.

La presencia física del procurador en la Ciudad de la Justicia de Benalúa permite resolver en el día cualquier incidencia con la oficina judicial, retirar mandamientos sin demora y, en su caso, solicitar nuevo señalamiento de subasta o de la diligencia de posesión.